La medida hace parte de un programa piloto que entró en vigor en agosto del año pasado y afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a EE.UU., procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como de cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
El Gobierno publicó el cambio hoy en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes. Los funcionarios consulares tendrán discreción a la hora de decidir el monto de la fianza que se le exigirá a los solicitantes, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, según detalla el documento.
Bajo este programa, los solicitantes deben pagar el monto para poder solicitar un visado. El dinero será manejado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado y, según el Gobierno, les será devuelto una vez concluyan su estancia en EE.UU.
El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración y asegura que se aplica a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en EE.UU. más tiempo del autorizado por sus visados.
Según señaló el Departamento de Estado, durante este primer año piloto, se identificaron 20.000 solicitudes que debían pagar fianza y la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso y no pedir un visado.
A su vez, esta restricción produjo una reducción del 83 % en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados, agregó el documento.
Organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que las fianzas crean una barrera económica para las vías legales de entrada a EE.UU. y perjudican especialmente a ciudadanos de países pobres y de mayoría negra.