"Vivimos en un estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste", declaró Fujimori a periodistas durante una visita de trabajo a la región centro andina de Junín.
La mandataria recordó que ella también afrontó "una resolución que fue dolorosísima" por un caso similar, que llevó a que tuviera que cumplir un período de prisión preventiva, entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, y luego de enero a mayo de 2020.
Además, recordó que luego de afrontar esa situación "pudo ganar" ese caso, cuando el TC también ordenó que se anule y archive el proceso que se le seguía por presunto lavado de activos, en octubre del año pasado.
"En esta resolución, yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla", añadió en referencia a la sentencia favorable a Humala, tras lo cual comentó que "parecería que el Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión".
Este jueves, el TC anuló la investigación y el proceso seguido a Humala por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia de 2006 y 2011 al no haber declarado presuntos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, motivo por el que fue condenado a 15 años de cárcel en abril de 2025.
El máximo tribunal de garantías de Perú estableció que todo el proceso carecía validez debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerado un delito en el momento de los hechos, ni tampoco la Fiscalía ha logrado establecer las consideraciones necesarias para configurar que hubo un lavado de dinero en esas operaciones.
El fallo también beneficia a la esposa de Humala, Nadine Heredia, que se encuentra asilada en Brasil y que igualmente había sido condenada en el mismo caso.
Los jueces del Tribunal Constitucional han fallado del mismo que lo hicieron con la presidenta, Keiko Fujimori, y con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), por el mismo motivo, con la diferencia de que en sus casos los procesos llevados a cabo en el Poder Judicial no habían llegado a tener una condena de prisión, como en el caso de Humala.
El proceso contra Humala se siguió por aportes de empresas como la brasileña Odebrecht y otros atribuidos al entonces gobierno del venezolano Hugo Chávez, según los testimonios recogidos por la Fiscalía.
En ese sentido, el Constitucional decidió que el Poder Judicial deberá definir la situación jurídica del exmandatario cuando sea notificado del fallo y ordenó declarar la nulidad de todo el proceso, con lo que quedan sin efecto todas las actuaciones posteriores y la sentencia penal dictada en 2025.