En una nota de prensa, la Policía filipina explicó que los menores "eran explotados por las personas encargadas de su cuidado, incluidos padres y familiares cercanos que, según los informes, facilitaban la producción y distribución de material de abuso sexual infantil a cambio de dinero procedente de delincuentes extranjeros".
Por ello, prosigue el escrito, seis sospechosos fueron arrestados durante los operativos, que tuvieron lugar en las provincias de Nueva Ecija, Pampanga, Cebú, Negros Occidental, Davao del Sur y Misamis Occidental, distribuidas en el sur, centro y norte del país.
Los agentes de seguridad incautaron teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos de almacenamiento y "otras pruebas digitales que se espera refuercen" la investigación y el procesamiento de las personas implicadas en la producción y distribución de grabaciones de menores siendo explotados por adultos.
Las autoridades, prosigue la Policía, presentarán cargos contra los detenidos, incluidos delitos contemplados en la ley contra la explotación y abuso sexual infantil aprobada en 2022, que prevé castigos severos como la cadena perpetua para los agresores, sin posibilidad de libertad bajo fianza.
"Todos los niños rescatados fueron remitidos de inmediato a los organismos de asistencia social pertinentes para su evaluación médica, intervención psicosocial, custodia protectora y servicios de recuperación a largo plazo", añade el escrito.
Filipinas es considerado el epicentro mundial de los abusos sexuales en línea, un problema muy ligado a la pobreza extrema que afecta a millones de personas en la nación con la mayor población católica de Asia.
A falta de estadísticas oficiales, informes de organizaciones internacionales como la Misión Internacional de Justicia apuntan a que solo en 2022 medio millón de menores en el país fueron explotados por adultos para crear pornografía destinada a delincuentes de todo el mundo.
Filipinas recibe también más de un millón de alertas al año sobre casos de pederastia en línea del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) del Gobierno de los Estados Unidos, a las que hay que sumar las pruebas enviadas rutinariamente por otros países como Francia, España o Países Bajos.