La audiencia de declaración de imputado de Hernández está programada para las 09:00 hora local (15:00 GMT) y se desarrollará en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa por "motivos de espacios físicos", dijo el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, en un mensaje.
Esa sala se encuentra en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La diligencia se mantiene en la fecha establecida inicialmente tras la recepción del expediente, aunque Silva no precisó si el magistrado de la Corte Suprema asignado originalmente al caso ya resolvió el recurso de reposición interpuesto por la defensa del exgobernante para mantener el proceso bajo la jurisdicción del máximo tribunal.
El pasado jueves, el juez natural del caso, conocido como Pandora II, se declaró sin competencia al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en funciones que justifique la jurisdicción de la Corte Suprema, decisión que la defensa impugnó un día después.
El portavoz del Poder Judicial explicó el viernes pasado que el recurso de reposición de la Defensa busca que la causa contra Hernández, abierta en 2023 por la Fiscalía, permanezca en la Corte Suprema y no sea remitida a la jurisdicción ordinaria de Criminalidad Organizada.
La legislación hondureña establece que el Supremo es el órgano competente para juzgar a altos funcionarios y a los diputados, cargo este último que Hernández ostentaba durante los hechos investigados.
En esta primera audiencia, posible luego de que se suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja de Interpol tras aceptarse su presentación voluntaria, el juez resolverá las medidas aplicables al expresidente y fijará la fecha de la audiencia inicial para la evacuación de pruebas.
El caso, en el que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo, investiga el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
Hernández, de 57 años, regresó el 26 de julio a Honduras, de donde fue extraditado en 2022 a Estados Unidos, país que lo juzgó y condenó en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, pero la sentencia quedó sin efecto tras el indulto total concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.