Los activistas, quienes protestaron frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), piden que las nuevas autoridades electorales "cumplan parámetros de capacitación técnica, probidad e independencia" para dar "credibilidad" al organismo y "seguridad" a los venezolanos de que se respetará el voto.
La directiva surgida de un "proceso de escogencia imparcial debería impulsar, a la brevedad posible, las condiciones para realizar elecciones presidenciales y parlamentarias realmente democráticas", según sendas cartas dirigidas tanto a Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, como a la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora.
Entre las condiciones, señalan el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, la legalización de todos los partidos, la actualización del registro electoral y el establecimiento de un cronograma para los comicios.
El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, expresó que la transición "no puede esperar más" y que "es necesario un cambio político" para poner fin al "Gobierno autoritario".
El activista exigió también la liberación de los presos políticos -382, según el balance publicado el miércoles por la ONG Foro Penal- y el desmontaje del "aparato represivo".
Además, considera que la transición tiene que contar con el apoyo de la ONU, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), entre otros.
"No debe ser simplemente tutelada por Estados Unidos", dijo.
Por su parte, la socióloga Emma Salazar espera que las conversaciones entre el Gobierno y la oposición permitan "un cambio de verdad", de "forma pacífica", y que no sean "diálogos estériles".
A su juicio, "se tienen que revisar las inhabilitaciones políticas", entre ellas la que pesa sobre la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, y "debe cesar la persecución".
Se espera que la primera reunión presencial del diálogo empiece pasadas las 13:00 hora local (17:00 GMT) en la base aérea La Carlota, donde ha sesionado recientemente el Parlamento debido a los daños causados por los sismos del 24 de junio en su sede, según la convocatoria oficial.
Ambas partes abordarán la atención a las víctimas de los recientes terremotos, el "fortalecimiento" de la democracia y los "derechos y garantías políticas", como acordaron el sábado.
Figuera reiteró el miércoles ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias del doble terremoto, que dejó al menos 6.125 muertos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, aunque también indicó que abordarán temas como la recomposición del CNE.
Además, señaló que será "hasta diciembre" próximo cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo.