Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, acordaron trabajar en un primer ciclo hasta el próximo 12 de agosto, luego de reunirse en la base aérea La Carlota, en Caracas, y definir la metodología, fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordará este proceso.
En un comunicado conjunto, publicado en redes sociales, ambas partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.
También acordaron la igualdad política y trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos "de todas las fuerzas".
Igualmente, las partes se comprometieron a informar oportunamente a todo el país de los avances alcanzados en estas conversaciones.
El cara a cara se dio luego de que el pasado fin de semana el proceso comenzara a través de una llamada telefónica entre Rodríguez y Figuera, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos.
A Figuera, en la mesa, la acompañan los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.
El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en tanto, está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria.
Figuera llegó el miércoles a Venezuela y aseguró a la prensa local que en la negociación se abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea "creíble y confiable", la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".
El proceso, de acuerdo a Figuera, también incluirá la atención a las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó más de 6.000 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.
Luego de iniciar el diálogo en Caracas, la delegación opositora, que defiende la continuidad del Legislativo electo en 2015, se comprometió a que este proceso se traduzca en resultados concretos que atiendan las necesidades de los venezolanos y abran el camino a un "futuro de libertad, reconciliación y desarrollo".
Entre tanto, el Gobierno de Estados Unidos aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones presenciales entre el Ejecutivo chavista y el grupo opositor y definió el diálogo como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en el país suramericano.
En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que mantiene su "compromiso" de apoyar este proceso, que forma parte del plan de tres fases definido por Washington, que pasa por la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la transición democrática.
Además, instó a todos los interesados a que apoyen este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos.
Asimismo, la mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), manifestó su deseo de que estas conversaciones generen "avances reales" para el país.
En un comunicado publicado en X, señaló que su compromiso estará con todo esfuerzo que produzca "resultados concretos y contribuya al avance de la transición democrática, conforme a la hoja de ruta presentada al país".
En este diálogo, no participan los líderes María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, apoyados por la PUD, pero alguno de los partidos que integran el bloque, como Voluntad Popular y Primero Justicia, han respaldado públicamente estas conversaciones.
Organizaciones y activistas también se pronunciaron alrededor del tema. Un grupo de activistas sociales de Venezuela exigió a la mesa de diálogo la "inmediata designación" de un nuevo CNE para celebrar comicios.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela planteó diez condiciones, entre ellas la libertad plena para quienes consideró han sido "perseguidos por expresarse", para que el diálogo logre una "transición y una democracia real" en el país.