Durante su campaña para las elecciones del 12 de abril, el actual jefe del Gobierno, Péter Magyar, había anunciado que, si ganaba, destituiría a los altos cargos cercanos a Orbán, al entender que podrían frenar el proceso de regeneración democrática en el país.
Al negarse Sulyok a dimitir, la supermayoría absoluta de Tisza, el partido de Magyar, aprobó una enmienda constitucional para apartarlo del cargo.
Esa maniobra ha sido criticada por Amnistía Internacional, que mantiene que la destitución se ha producido sin las necesarias garantías legales.
Durante sus 16 años en el poder (2010-2026) Orbán fue acusado de erradicar progresivamente el Estado de derecho mediante la centralización del poder, el control de la prensa y las instituciones académicas, la redacción de leyes electorales que le favorecían y la limitación de la autonomía del sistema judicial y educativo.
El partido de Orbán, el Fidesz, considera que la destitución de Sulyok fue ilícita, por lo que no participará en la elección del nuevo presidente del país.
Tampoco Tisza ha presentado aún un candidato.
La única formación que ha nombrado su aspirante es la extrema derecha de Nuestra Patria, que solo tiene seis de los 199 escaños.
En Hungría el presidente del país no es elegido por voto popular sino por el Parlamento, para lo que se precisa una mayoría de dos tercios en una primera votación o simple en la segunda.
Su papel es esencialmente protocolario y de representación, sin apenas atribuciones ejecutivas.