La fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró que un nuevo análisis del expediente y testimonios obtenidos eeste año acreditan la presunta participación del exgobernador "en la destrucción de evidencia" para impedir conocer el paradero de los normalistas.
En un mensaje a medios, Godoy detalló que las grabaciones fueron obtenidas por dos cámaras ubicadas frente al Palacio de Justicia en Iguala y mostraban el momento en que policías municipales y estatales detenían el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, en el que viajaban varios normalistas.
Aunque las investigaciones iniciales concluyeron que las imágenes no existían debido a fallas técnicas del sistema de videovigilancia, la fiscal general afirmó que nuevas diligencias demostraron que "esa versión era falsa".
Godoy explicó que en enero de este año un colaborador confirmó la existencia de las grabaciones, identificó a quien presuntamente las sustrajo para entregarlas a Aguirre y denunció que había guardado silencio por amenazas.
Un segundo testigo protegido declaró en mayo pasado que el entonces gobernador ordenó a funcionarios de alto nivel desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia, agregó la fiscal.
Además, aseguró que la Fiscalía cuenta con evidencias que "acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador" con la participación de funcionarios estatales de alto nivel.
"El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal", afirmó Godoy.
Ante ello, señaló, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Aguirre por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, que fue ejecutada este jueves en el Estado de México (centro del país).
Aguirre Rivero gobernó el estado sureño de Guerrero, entre abril de 2011 y octubre de 2014, cuando renunció tras la desaparición de los estudiantes.
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse y hasta ahora solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.
Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 desaparecidos, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas que contabiliza los casos desde la década de 1950.