Según explicó a EFE la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, el diálogo gira en torno al modelo del Mecanismo de Tránsito de Emergencia (MTE), un programa que ya funciona en el país para proporcionar acogida temporal a refugiados y solicitantes de asilo vulnerables evacuados desde Libia.
“Aún no hay acuerdo. Seguimos en conversaciones”, declaró Makolo, al detallar que una de las opciones evaluadas es adaptar el uso del centro de tránsito de Gashora, “un lugar seguro para familias varadas, sin otro lugar adonde ir y en peligro”.
El centro del MTE se ubica en el sector de Gashora (distrito de Bugesera), a unos 21 kilómetros al sur de Kigali, que se estableció en septiembre de 2019 mediante una alianza entre el Gobierno de Ruanda, la Unión Africana (UA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El recinto fue creado para recibir a solicitantes de asilo rescatados de centros de detención en Libia, donde sufrían violencia, explotación y condiciones precarias.
En Ruanda reciben alojamiento, atención médica y apoyo psicológico mientras se gestionan soluciones a largo plazo, como el reasentamiento en terceros países, el retorno voluntario o la integración local.
De acuerdo con datos oficiales, el centro de Gashora ha acogido a más de 3.000 personas, de ellas, 2.681 han sido reasentadas en países de acogida permanente, entre los que figuran Canadá (927 personas), Francia (332), Estados Unidos (325), Suecia (297), Finlandia (271), Noruega (229), Alemania (132), Países Bajos (94) y Bélgica (72).
El grupo más reciente, trasladado a las instalaciones el pasado miércoles, está integrado por 68 sudaneses, 66 eritreos, 26 sursudaneses, 15 etíopes y dos somalíes.
Las conversaciones entre Kigali y Roma coinciden con el interés de diversos gobiernos europeos por explorar alianzas externas de gestión migratoria, y se producen tras la cancelación del polémico acuerdo firmado entre Ruanda y el Reino Unido.
Aquel plan, anunciado en abril de 2022 por el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados de forma irregular a suelo británico, fue bloqueado en noviembre de 2023 por el Tribunal Supremo del Reino Unido al considerar que el país africano no ofrecía las garantías necesarias para evitar devoluciones en caliente.
El programa fue finalmente cancelado en julio de 2024 por el ex primer ministro británico, Keir Starmer, quien desmanteló la medida tras calificarla de ineficaz y de alto coste económico.