"El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), desarrolla los actos investigativos correspondientes para esclarecer este hecho y establecer la participación y responsabilidad de las personas involucradas", dijo el fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza.
El cuerpo del animal fue hallado "decapitado, desollado y mutilado" y ya hay una persona arrestada, indicó Mendoza, según un comunicado de prensa de la Fiscalía.
Por el momento, el Ministerio Público cuenta con el informe de inicio de investigación de Pofoma, material audiovisual y muestreo fotográfico, el acta de secuestro y recuperación de partes del animal, el acta de registro del lugar del hecho" y se pedirá la detención preventiva de la persona aprehendida, agregó el fiscal.
El fiscal del caso, Elmer Aguilar, explicó que el suceso ocurrió el sábado en el barrio San Francisco, en Guayaramerín, una localidad que colinda con Brasil y se sitúa en la región de Beni (noreste).
Según Aguilar, la Fiscalía tomó conocimiento de la muerte violenta y decapitación de un ejemplar de jaguar mediante el monitoreo de redes sociales, "medios audiovisuales de mensajería y un informe policial de intervención preventiva de Pofoma".
Las imágenes revisadas muestran "a un ciudadano manipulando un arma de fuego y realizando disparos contra el jaguar, para posteriormente proceder a su desmembramiento".
Según medios locales, el animal había ingresado a una vivienda particular en Guayaramerín y fue abatido a tiros por vecinos del lugar.
El Ministerio Público señaló que en las primeras acciones de la investigación se logró recuperar la piel y las patas del animal, "que se encontraban en poder de una ciudadana".
En el país, el jaguar (panthera onca) pasó de ser una especie vulnerable a estar en la categoría "en peligro", según la más reciente versión del Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia.
Esto supone que "actualmente la especie se encuentra fuertemente amenazada" por aspectos como "el tráfico ilegal de colmillos y partes hacia mercados asiáticos, el conflicto persistente con la actividad ganadera, la sobrecacería de sus presas" y "la pérdida de hábitat vinculada a los fuegos en el este del país", según esa publicación.
En abril de 2025, por primera vez en Bolivia el Tribunal Agroambiental determinó que las instancias correspondientes tomen medidas de protección al jaguar y a su hábitat, después de décadas de caza ilegal, tráfico internacional y otras amenazas que representaron la muerte de al menos 95 ejemplares en los últimos años.
Es la primera vez que un tribunal boliviano acepta una denuncia colectiva que fue presentada por activistas, ONG, periodistas, políticos, ambientalistas y ciudadanos con el fin de proteger a esta especie.