A través de una nota de prensa, el presidente del colegio en mención, Enzo Betancourt, propuso la creación de una Comisión Nacional Sismorresistente que se encargue de evaluar y emitir "informes públicos sobre las causas de los colapsos; formular recomendaciones para actualizar y fortalecer la normativa sismorresistente nacional".
Betancourt destacó además que dicha comisión servirá de "insumo para políticas públicas en materia de reducción de riesgos de desastres, planificación territorial, reconstrucción resiliente, y revisar leyes de ordenamiento urbano y normativas de diseño, construcción, inspección y supervisión de edificación e infraestructura".
La más reciente actualización de las normas sismorresistentes se hizo en 2019, según la propia agremiación.
Desde que ocurrieron los terremotos, el Gobierno de Venezuela ha inspeccionado al menos 51.124 edificaciones, según el ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien dijo que la mayoría de estas no sufrieron daños graves.
El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de junio pasado y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.