La llamada 'Ley para reforzar la solidaridad nacional y la integración social', que contó con el respaldo de cinco de los seis mayores partidos parlamentarios, fue aprobada con 468 votos a favor, 88 en contra y seis abstenciones, en la Cámara de 600 escaños.
Su principal provisión es permitir el regreso a Turquía de los miles de militantes del PKK que siguen acuartelados en los bastiones de la guerrilla en el norte de la vecina Irak, así como facilitar la puesta en libertad de simpatizantes de la milicia encarcelados en Turquía.
El AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había presentado la ley junto a su socio en el Gobierno, el ultranacionalista MHP, que había propuesto a finales de 2024 el proceso de negociación con el PKK.
Este proceso llevó el año pasado al anunció de disolución de la guerrilla y una quema de armas simbólica.
A los votos de AKP y MHP se sumó en bloque el DEM, con 56 escaños, el partido izquierdista que defiende los intereses de la minoría kurda de Turquía y que ha facilitado los contactos entre el Gobierno y el fundador del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado en Turquía desde 1999.
Votaron también a favor la gran mayoría de los diputados del Yeni Parti (Nuevo Partido), que desde su escisión del socialdemócrata CHP el mes pasado es la principal fuerza opositora de Turquía, con 91 escaños.
Una treintena de diputados de esta formación expresó en el debate su intención de votar en contra, subrayando el "doble rasero" que supone facilitar un arreglo con los exmilicianos a la vez que se intensifica la represión contra la oposición política no relacionada con la guerrilla.
Aunque el Gobierno insiste en que la ley no incluye una amnistía, sí prevé la puesta en libertad inmediata de personas condenadas por pertenencia al PKK, si no tienen delitos de sangre, imponiendo un periodo de un máximo de diez años en libertad vigilada.
Además establece un mecanismo por el que los exguerrilleros fuera del país pueden regresar a Turquía y presentarse a una comisión jurídica que evaluará sus supuestos delitos.
Si éstos no son de sangre, se suspenderá la investigación judicial, que se archivará definitivamente al cabo de un plazo máximo de diez años, si no hay reincidencia.
El proceso solo arrancará después de que una comisión gubernamental certifique la efectiva disolución del PKK, y la prensa turca estima que beneficiará a unos 3.600 presos en Turquía y varios miles de exguerrilleros exiliados.
La ley no atiende las reivindicaciones políticas del movimiento kurdo, como la protección de sus derechos culturales y lingüísticos o cierta descentralización administrativa.