La llamada 'Ley para reforzar la solidaridad nacional y la integración social", fue aprobada el pasado sábado en la comisión legal del Parlamento, y tiene el respaldo, con más o menos reservas, de cinco de los seis mayores partidos parlamentarios, que suman 515 de los 600 escaños.
Su principal provisión es permitir el regreso a Turquía de los miles de militantes del PKK que siguen acuartelados en los bastiones de la guerrilla en el norte de Irak, así como facilitar la puesta en libertad de simpatizantes de la milicia encarcelados en Turquía.
Fue presentada por el AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como parte de un proceso de resolución del conflicto iniciado a finales de 2024 por propuesta de su socio en el Gobierno, el ultranacionalista MHP.
También cuenta con el respaldo del DEM, el partido izquierdista que defiende los intereses de la minoría kurda de Turquía y que ha facilitado los contactos entre el Gobierno y el fundador del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado en Turquía desde 1999.
El Yeni Parti, que desde su escisión del socialdemócrata CHP el mes pasado es la principal fuerza opositora de Turquía, ha declarado que votará a favor, pese a sus reservas, pero dejando libertad de conciencia a sus diputados.
El único partido que se ha pronunciado en contra es el nacionalista IYI, en la oposición, con 29 escaños sexta fuerza del hemiciclo.
Aunque el Gobierno insiste en que la ley no incluye una amnistía, sí prevé la puesta en libertad inmediata de personas condenadas por pertenencia al PKK, si no tienen delitos de sangre, imponiendo un periodo de un máximo de diez años en libertad vigilada.
Además establece un mecanismo por el que los exguerrilleros fuera del país pueden regresar a Turquía y presentarse a una comisión jurídica que evaluará sus supuestos delitos y, si no son de sangre, suspenderá la investigación judicial, que se archivará definitivamente al cabo de un plazo máximo de diez años, si no hay reincidencia.
El proceso solo arrancará después de que una comisión gubernamental certifique la efectiva disolución del PKK, y la prensa turca estima que beneficiará a unos 3.600 presos en Turquía y varios miles de exguerrilleros exiliados.
El PKK, que inició la lucha armada en 1984 para lograr la independencia de la minoría kurda de Turquía, anunció su disolución en mayo de 2025 y dos meses más tarde escenificó una simbólica quema de armas en Irak.
Se estima que más de 45.000 personas han muerto en combates y atentados en este conflicto.
La ley no atiende las reivindicaciones políticas del movimiento kurdo, como la protección de sus derechos culturales y lingüísticos o cierta descentralización administrativa para dar mayor autonomía en la gestión a los municipios donde se concentra la minoría kurda.