En un comunicado publicado este lunes, RSF subraya que las diferentes directivas, decretos y órdenes anunciadas oralmente por las autoridades talibanes desde que las fuerzas occidentales salieron de la capital afgana en agosto de 2021 han "enterrado el paisaje mediático afgano bajo una capa de plomo".
Más allá de la citada codificación de la censura, se refiere a la casi total proscripción de las mujeres en la profesión periodística, el amordazamiento de las voces independientes en los debates o a la criminalización de los profesionales de los medios, con los que las autoridades "buscan ejercer un control absoluto de la información".
Frente a esa situación, la organización pide la anulación de "todas las disposiciones que restringen la libertad de prensa", pero también que los países por los que han tenido que huir cientos de periodistas afganos o en los que se han tenido que refugiar tengan en cuenta el alcance de esta "represión" y del peligro que representaría la devolución o expulsión de estos profesionales.
RSF hace notar que en enero de este año se superó una nueva etapa cuando el régimen promulgó de forma confidencial un nuevo Código de Procedimiento Penal cuyo contenido se ha conocido por filtraciones.
Un texto que, aunque no se refiere de forma explícita a la prensa -precisa RSF- "omite cualquier protección o excepción para los profesionales de los medios, lo que hace pesar amenazas judiciales y penas severas, en particular privativas de libertad, para las voces críticas".
No solo sanciona cualquier crítica de las autoridades, sino que castiga los contactos con oponentes al Gobierno e impone la obligación de denunciarlos.
"Este texto legislativo constituye un nuevo instrumento jurídico poderoso para reducir al silencio a los periodistas", concluye la organización.