Las observaciones fueron aprobadas y despachadas al Senado, que deberá votar las tres indicaciones que tratan del derecho al olvido financiero por deudas; el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); y los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pequeñas y medianas empresas.
"Se aprobaron los vetos supresivos que son tres ideas que parecen buenas, pero en la práctica -como lo anunciaron en su momento el Banco Central y Comisión para el Mercado Financiero (CMF)- en la forma en la que estuvieron formuladas generan consecuencias que son adversas", justificó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El veto es una facultad del Ejecutivo que obliga al Congreso a volver a discutir las observaciones o indicaciones formuladas por el Presidente, y una vez que ambas Cámaras se pronuncian sobre ellas, el proyecto puede ser promulgado en su totalidad, tras haber sido despachado el pasado 4 de agosto.
El corazón del proyecto es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales o una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.
El Ejecutivo considera clave la aprobación del proyecto para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 3,5 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.
Además de este trámite, la megarreforma también está siendo revisada por el Tribunal Constitucional (TC) que acogió la pasada semana la solicitud presentada por congresistas de la oposición sobre tres requerimientos de inconstitucionalidad.
Los ministros del TC, que admitieron de forma unánime los recursos ingresados por un grupo de senadores y diputados, deberán analizar y fallar respecto a si el capítulo de invariabilidad tributaria y ciertas modificaciones a la normativa ambiental del país se ajustan o no a la Carta Fundamental, pronunciamiento para el que se fijó un plazo de siete días.
El Gobierno aspira a que la reforma sea aprobada antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año.