Lissu se enfrenta a un único cargo de traición, delito que puede acarrear la pena de muerte, derivado de unas declaraciones en las que supuestamente manifestó su intención de impedir la celebración de las elecciones generales de 2025.
Se espera que las audiencias continúen de forma ininterrumpida y se prolonguen hasta septiembre.
Durante la primera audiencia, desde que se reanudó el juicio, Lissu denunció que la Fiscalía pretende “perder el tiempo” para que el dirigente siga en prisión preventiva y sentenció que “alguien tendrá que pagar por todo esto algún día”.
El proceso se encontraba paralizado desde el pasado 24 de febrero a la espera de que la justicia resolviera una impugnación del Ministerio Público contra la admisión de pruebas adicionales.
La Corte de Apelación desestimó finalmente dicho recurso el 30 de julio, despejando el camino para la reapertura de las vistas.
La portavoz de Chadema, Brenda Rupia, calificó la reanudación del caso como un "momento crítico" para la libertad de Lissu y un test sobre el "compromiso con la democracia, el estado de derecho y el respeto de las libertades políticas" en el país.
Acusó a las autoridades de emplear la causa penal como una “herramienta para reprimir a la oposición política legítima y debilitar la participación democrática”.
Lissu, detenido en abril de 2025 tras haber regresado al país en 2023 desupés de sobrevivir a un intento de asesinato, ya había sido arrestado en múltiples ocasiones en el pasado, aunque esta es la primera vez que afronta una acusación de esta índole.
Desde Chadema —formación que fue descalificada para participar en los últimos comicios— acusan a la presidenta Samia Suluhu Hassan, reelegida con el 98 % de los votos, de retomar los métodos represivos de su antecesor, John Magufuli.
Dichas elecciones suscitaron duras condenas internacionales por la actuación policial durante las protestas posteriores, en las que murieron miles de personas de acuerdo con balances de la oposición y de organizaciones de derechos humanos.