En un comunicado conjunto, indicaron que el Índice de Libertad de Kenia lanzado por ambas organizaciones el pasado mayo documentó 1.292 protestas en todo el país entre enero de 2025 y junio de 2026, de las que 839 ocurrieron en 2025.
Otras 453 se registraron solo en los primeros seis meses de 2026, un aumento del 29 % respecto al mismo periodo del año anterior.
"El país vive una situación en la que la población toma repetidamente las calles porque sus preocupaciones económicas, sociales y políticas no están siendo atendidas adecuadamente", afirmó el cofundador de Odipo Dev, Odanga Madung.
Añadió que "la respuesta del Estado no debe ser la represión" y defendió que los kenianos "tienen derecho a protestar pacíficamente, expresar desacuerdo y exigir rendición de cuentas sin enfrentarse a violencia ilegal, detención arbitraria o muerte".
El periodo más mortífero documentado por el índice fue entre junio y julio de 2025, cuando la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA, en inglés) registró 65 muertes en protestas antigubernamentales y contra aumentos fiscales impuestos por el Ejecutivo.
En 2026, las movilizaciones del 18 de mayo vieron el mayor número de arrestos en una sola jornada de lo que va de año, con 348 detenciones reportadas por el Ministerio del Interior y 710 por la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía.
El gas lacrimógeno fue el arma "más documentada" durante protestas en 2025 y en la primera mitad de 2026, mientras que la munición real fue la segunda más frecuente en ambos periodos.
Según el comunicado, las quejas económicas -como malas condiciones de trabajo o el aumento de precios, especialmente del combustible- fueron el principal motor de las manifestaciones.
Las marchas pacíficas siguieron siendo la forma más común de protesta, aunque las organizaciones indicaron un aumento de bloqueos de carreteras y otras "acciones disruptivas".
"El derecho de reunión pacífica está protegido por la Constitución de Kenia y el derecho internacional de los derechos humanos", afirmó George Morara, director ejecutivo de la oficina de AI en Kenia.
Así, Morara pidió a las autoridades "facilitar y proteger las protestas pacíficas" y no tratar "la disidencia legítima como una amenaza de seguridad".
Por todo ello, AI y Odipo Dev exigieron al Gobierno keniano respetar y proteger el derecho de reunión pacífica, investigar las muertes, heridas, denuncias de tortura, uso ilegal de la fuerza y detenciones arbitrarias, y abordar las quejas económicas y sociales que impulsan las protestas.
La petición se produce a un año de las elecciones generales previstas el 10 de agosto de 2027 en Kenia, donde los periodos electorales han ido a menudo acompañados de violencia.