Es una de las principales conclusiones del octavo informe del Mecanismo Independiente de Investigación para Birmania ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrado especialmente en violaciones perpetradas en los últimos 12 meses y con un amplio foco de atención en los crecientes bombardeos contra civiles.
En este sentido, los expertos del mecanismo subrayan que entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 el ejército birmano se ha vuelto cada vez más dependiente de los bombardeos aéreos a la hora de llevar a cabo sus operaciones, con un aumento del número y frecuencia de estos ataques.
"Las investigaciones revelan un patrón de operaciones aéreas dirigidas de forma deliberada contra intereses civiles, incluidas aldeas, escuelas, centros religiosos y culturales, campos de desplazados internos e instalaciones médicas", señala el informe de 18 páginas.
Muchas fueron dirigidas contra estructuras civiles en áreas donde no había intereses militares, y se observó un aumento del número de estos bombardeos en los meses anteriores a las elecciones de diciembre y enero, organizadas por la Junta para intentar legitimarse tras el golpe de 2021 pero repudiadas por la comunidad internacional.
Añade que los ataques aéreos a poblaciones de minorías religiosas continúan aumentando, con más de 600 registrados en edificios de culto desde 2021.
También se atacaron centros de detención de grupos militares rivales en los que murieron combatientes pero también familiares de éstos y prisioneros civiles.
Los investigadores aseguran que han podido identificar algunas de las unidades militares responsables de los ataques aéreos, así como las bases desde las que operan, citando las de Magway, Tada-U, Taungoo y la capital Naipyidó, todas en zonas centrales del país.
El documento subraya que el ejército no sólo usa aviones convencionales para estos bombardeos, sino también otros medios como drones y paramotores (parapentes con motor), que han provocado que los ataques sean más difíciles de detectar para la población civil.
Algunos ataques se llevan a cabo en dos fases, denuncia el informe: después del primero se produce un segundo en el que el objetivo son servicios de primeros auxilios o personas que han acudido a intentar ayudar a los heridos inicialmente.
El mecanismo de investigación recuerda, además, que desde el golpe de Estado de febrero de 2021 aproximadamente 30.870 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad, de las que 22.130 continúan detenidas, incluidos 639 menores de edad.
El informe centra otro de sus capítulos en el conflicto en el estado de Rakáin, donde aún vive una pequeña parte de la perseguida minoría musulmana rohinyá, y denuncia el uso indiscriminado de artillería en ataques contra escuelas, hospitales, mercados, monasterios y otros objetivos civiles.
En esa zona del oeste birmano, fronteriza con Bangladés, se observa una obstaculización a la entrada de asistencia humanitaria, alertaron los investigadores.
Denunciaron en ese contexto también graves crímenes perpetrados por el Ejército Arakán, opuesto a la Junta, que incluyen violencia sexual contra mujeres rohinyá o el reclutamiento forzado en sus filas de menores, algunos de ellos menores de 15 años.
El mecanismo de la ONU, creado en 2018, subrayó que sigue compartiendo pruebas y análisis con las instituciones que trabajan para la rendición de cuentas por los crímenes cometidos tanto en el actual contexto como en la persecución sufrida por la comunidad rohinyá hace una década, que causó decenas de miles de muertos y el éxodo de 750.000 refugiados a Bangladés.
En ese sentido, han aportado material a la Corte Penal Internacional, a las autoridades de Argentina (que abrieron un proceso en 2024 en uso de la jurisdicción universal) o a la Corte Internacional de Justicia en los casos iniciados para investigar el posible genocidio contra el pueblo rohinyá.
El mecanismo de investigación utilizó para este último informe más de 1.600 fuentes, entre ellas unos 750 testimonios de testigos, así como fotografías, vídeos, material de audio, mapas, imágenes geoespaciales, publicaciones en redes sociales y pruebas forenses.