En un pronunciamiento en X, la ONG exigió también permitir la comunicación con las familias en el país vecino, al indicar que al menos 10 presos "habrían logrado llamar" a sus parientes desde la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas.
"El resto continuaría sin comunicarse y sus familias sin saber si ya tienen esa tranquilidad", dijo.
Además, el CLIPP instó al Estado venezolano a garantizar el derecho a la información de actualidad, especialmente lo que ocurre en Colombia, así como la protección consular y la atención médica.
También solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otros mecanismos internacionales "puedan verificar las condiciones de reclusión".
"A los Gobiernos de Venezuela y Colombia les corresponde actuar. La libertad también salva vidas y, frente al sufrimiento de las familias, no puede haber indiferencia. Libertad humanitaria para los colombianos detenidos en Venezuela", expresó la ONG.
Según esta organización, las personas detenidas en Rodeo I "permanecieron encerrados en sus celdas por más de 45 minutos sin que se activara ningún protocolo de evacuación" durante los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio y que dejaron al menos 6.301 muertos.
Días después, al negarse a regresar a celdas "cuya seguridad estructural no había sido verificada, fueron reprimidos con golpes, perdigones y gas lacrimógeno", denuncia el CLIPP.
El terremoto en Colombia, en el que también resultaron heridas unas 668 personas, se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.
Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.