“Dentro de pronto les vamos a presentar la Ley Anticorrupción, ley que tenemos que fortalecerla todos", indicó Asfura en un comunicado divulgado por el Ejecutivo.
La iniciativa se trabaja en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), principal cúpula patronal de Honduras, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público (Fiscalía) para estructurar mecanismos de prevención, control y combate a la impunidad, señaló.
El mandatario señaló que la propuesta busca garantizar el respeto a la independencia de los poderes del Estado —Ejecutivo, Judicial y Legislativo— y de los organismos contralores, como el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
“Si nosotros respetamos esa independencia (...) y a los entes contralores, el país va a cambiar”, subrayó Asfura, quien defendió además la necesidad de lograr estabilidad política para generar seguridad jurídica y atraer confianza al país.
En ese contexto, destacó que en lo que va de su gestión, iniciada el pasado 27 de enero, han sido cerradas 16 instituciones estatales como parte de un proceso de ordenamiento presupuestario e institucional.
“Si nosotros, los políticos, no entendemos que debemos encauzarnos en esa seguridad política (...) de la que se deriva la seguridad jurídica y todo lo que queremos en seguridad, va a ser muy difícil que Honduras salga adelante”, enfatizó, a la vez que reiteró que el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y el ordenamiento del Estado deben ser políticas de largo plazo.
"No se construye en cuatro años, se construye en mucho tiempo. Pero para eso nos necesitamos todos, especialmente nosotros los políticos, para que podamos ordenar y ver un futuro claro para Honduras”, concluyó.
La corrupción pública y privada en Honduras es un flagelo de vieja data que, según sectores como la Iglesia católica, es una de las principales causas de la pobreza en que viven más del 60 % de los diez millones de habitantes que tiene el país.
La corruptela, que no cesa en el país, ha salpicado a pasados gobiernos, y sus niveles son tan altos, que se tiene que pedir la ayuda internacional para reducirla, lo que no se ha logrado, como señalan analistas, por falta de una verdadera voluntad política.
La expresidenta Xiomara Castro, quien concluyó su mandato de cuatro años el pasado 27 de enero, llegó al poder con la promesa de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), un mecanismo que finalmente no logró concretarse con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las negociaciones estuvieron marcadas por distintos obstáculos, entre ellos la falta de aprobación por parte del Parlamento hondureño de reformas al Código Procesal Penal reclamadas por la ONU, incluida la revisión de las disposiciones sobre inmunidad parlamentaria.