"Entrar en un contrato de estos vuelve a un país cómplice de un sistema de torturas y violaciones a derechos humanos que constituye un crimen de lesa humanidad", sostuvo Bullock -en una declaración a EFE-.
El experto en derechos humanos sostuvo que este tipo de acuerdos, similar al de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para recluir a migrantes venezolanos en una cárcel de máxima seguridad, "no trae ningún beneficio a la población".
Para Bullock, con este tipo de acciones "se busca instaurar una política de terror contra una población migrante" y recordó que en el caso de los venezolanos llevados a El Salvador, supuestamente vinculados a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, "no hubo debido proceso, ni juicio".
"Si el Reino Unido entra en un contrato con el Gobierno de El Salvador estamos hablando que se hará bajo un sistema penitenciario señalado de cometer crímenes de lesa humanidad. Sería hacer negocio con criminales de lesa humanidad que tampoco trae ningún beneficio para la población o ciudadanos del Reino Unido", puntualizó.
Farage confirmó el lunes pasado -en una rueda de prensa- que planea enviar a extranjeros presos en cárceles británicas a El Salvador si llega al poder en el Reino Unido.
Reform UK va a enviar a dos emisarios, la antigua funcionaria de prisiones Vanessa Frake y el presidente del partido, Lee Anderson, a negociar con las autoridades salvadoreñas los eventuales planes de deportación.
Hasta el momento, el Gobierno de El Salvador no ha confirmado que vaya a entablar estas negociaciones con un partido que ni siquiera está en el gobierno y que en sus cálculos más optimistas tendría que esperar hasta las elecciones de 2029 para lograrlo, salvo que se celebren elecciones anticipadas.
El político británico no ha adelantado si Reino Unido pagará al Ejecutivo de Bukele por recluir a los presos extranjeros, tal como lo hizo el Gobierno estadounidense al acordar el pago de 4,76 millones de dólares al país centroamericano a cambio de recibir a más de doscientos migrantes deportados, en su mayoría venezolanos.
Los venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel emblema de la "guerra" de Bukele contra las pandillas, denunciaron haber sufrido torturas en la prisión, según un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) divulgado en noviembre de 2025.
La organización denunció, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la cárcel de máxima seguridad estuvieron sometidos a torturas, violaciones y se les privaba del acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta ex detenidos.