La congelación de los alquileres, una de las principales promesas de campaña de Mamdani, fue aprobada en junio por el Rent Guidelines Board (RGB), una junta independiente encargada de decidir cuánto puede aumentar el alquiler de las viviendas reguladas cada año tras un proceso de audiencias públicas.
En su demanda ante el Tribunal Supremo del estado, el pasado 22 de julio, los propietarios alegaron que el RGB carecía de pruebas suficientes para justificar la congelación de los alquileres en los contratos de arrendamiento de uno y dos años, y acusaron al organismo de no seguir un proceso "independiente".
Los propietarios alegaron que Mamdani "hizo esfuerzos extraordinarios para llenar el RGB de fieles y luego gastó millones de los fondos de la ciudad para llenar las audiencias del RGB de activistas por los inquilinos".
La moción presentada hoy por la ONG y la ciudad, en nombre de inquilinos y vecinos y el Consejo Metropolitano de Vivienda, argumenta que la alegación de los propietarios "es falsa" y cita la información utilizada por el RGB para justificar su voto a favor de la congelación, de acuerdo con un comunicado.
Entre ellos menciona que se revisaron datos que muestran que casi la mitad de los inquilinos en apartamentos de alquiler regulado afrontan una "sobrecarga de alquiler" (gastan más del 30% de sus ingresos en ese concepto), y casi un tercio una "sobrecarga de alquiler extrema" (más del 50% de sus ingresos).
Mientras tanto, "la mayoría de los propietarios continuaron obteniendo ganancias estables o crecientes según el Estudio de Ingresos y Gastos de 2026 de la RGB", agrega.
En la moción, los abogados de los inquilinos aseguran que los propietarios pidieron que se invalide la decisión de la RGB, "no porque infrinja la ley, sino porque discrepan del criterio de política adoptado" por esta.
"La petición abunda en retórica, pero carece de fundamento jurídico sólido. A lo largo de sus numerosas páginas, formula acusaciones genéricas de influencia política y motivos indebidos, desviándose hacia ataques políticos contra el alcalde y los miembros de la Junta", señala el documento legal.
Los propietarios no demuestran que la determinación de la RGB "fuera arbitraria y caprichosa, que estuviera viciada por un error de derecho" o, que se hubiera adoptado en violación del procedimiento legal", sostienen.
"La afirmación de los propietarios de que la RGB se basó en datos seleccionados a conveniencia es simplemente falsa, y esta demanda no es más que un intento insensible de aumentar los alquileres una vez más", indicó Edward Josephson, director de la Unidad de Reforma de Derecho Civil de Legal Aid Society.