La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria de Democrática, destaca que Meirás constituye "uno de los espacios más significativos" para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España, ya que la dictadura convirtió este inmueble, "en uno de sus principales símbolos de poder".
Según la ley española, son lugares de memoria aquellos sitios vinculados a la represión de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista, a defensa de la democracia o la resistencia ciudadana, y con su declaración se busca preservarlos con fines didácticos.
El Pazo de Meirás fue mandado construir por la escritora Emilia Pardo Bazán y donde escribió parte de su obra.
En marzo de 1938 se creó la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo' para comprar este inmueble y entregárselo a Franco.
La compra, que se formalizó el 3 de agosto de 1938, se financió mediante aportaciones forzosas de ayuntamientos, funcionarios y particulares. Además, los terrenos se ampliaron mediante expropiaciones realizadas sobre propiedades vecinas.
El inmueble se le entregó a Franco en diciembre de 1938. En 1941, se simuló una escritura de compraventa para poder registrar el Pazo a su nombre, pero décadas después, los tribunales declararon esta operación fraudulenta, tras acreditar que la Junta Pro-Pazo ya había adquirido la propiedad y se la había donado como jefe de Estado.
El Pazo de Meirás funcionó entre 1938 y 1975 como residencia oficial de verano de Franco y como uno de los principales escenarios del poder franquista. En sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias oficiales, recepciones diplomáticas y reuniones políticas de relevancia.
Como residencia oficial, el inmueble fue utilizado por la propaganda del régimen franquista para proyectar la imagen pública del dictador y escenificar la adhesión popular al franquismo.
El Pazo se convirtió así en "uno de los espacios más representativos del ejercicio del poder durante la dictadura", concluye el BOE.
A la muerte del dictador, la familia lo utilizó de manera privada hasta que el Gobierno lo reclamó en 2019 para el patrimonio público, y tras un largo proceso judicial, en marzo de este año el Tribunal Supremo decidió por unanimidad confirmar una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia devolución al Estado del Pazo.