Después de ser excarcelado el pasado 31 de julio, tras la anulación de su condena de quince años de prisión, Humala compartió un mensaje -en la red social X- en el que afirmó que el Tribunal Constitucional (TC) confirmó lo que siempre defendieron que: "nos persiguieron y nos encarcelaron de forma abusiva por supuestos aportes de campaña que NUNCA fueron delito".
"Destruyeron nuestra tranquilidad, nuestro derecho a la salud y buen nombre, el patrimonio de nuestros hijos y la vida de valiosas personas que sufrieron este mismo ensañamiento", expresó el exmandatario.
Humala agregó que su país "necesita urgentemente un sistema independiente de los poderes fácticos, respetuoso del principio de legalidad, que sancione el abuso de las prisiones preventivas y garantice el plazo razonable y la presunción de inocencia".
"Una reforma profunda para despolitizar la justicia y asegurar que las fiscalías dejen de ser armas de linchamiento, para que nunca más una familia peruana vuelva a padecer este calvario", subrayó el exjefe de Estado.
En la víspera, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dictó un auto excepcional que declaró la "nulidad constitucional" de todo el proceso por lavado de activos contra Humala y lo hizo extensivo "a todas las personas comprendidas en ese proceso", que incluye a su esposa, Nadine Heredia, asilada en Brasil, tras recibir la misma condena que Humala por presuntos aportes ilegales en las campañas electorales del exgobernante.
En su resolución, la corte recordó que el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de habeas corpus promovida por Humala y ordenó su excarcelación tras anular todo el proceso penal seguido en su contra, una medida que se ejecutó el pasado 31 de julio.
En tal sentido, en esta ocasión la justicia declaró fundados los pedidos de extensión de efectos presentados a favor de Heredia; la madre de esta, Antonia Alarcón; su hermano Ilán Heredia; el excongresista Santiago Gastañadui y otras cinco personas implicadas en el manejo de fondos de campaña del Partido Nacionalista, fundado por Humala y su esposa.
El caso por lavado de dinero contra Humala se basaba en la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 al no haber declarado supuestos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que lo llevó a ser condenado a quince años de cárcel.
Sin embargo, el TC estableció en julio pasado que todo el proceso carecía de validez, debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerada un delito en el momento de los hechos y que la Fiscalía tampoco había logrado establecer las consideraciones necesarias para configurar un lavado de dinero en esas operaciones.
Humala se quejó, a raíz de la sentencia, que tuvo que asilar a su esposa en Brasil, donde se encuentra desde abril de 2025, y sacar a sus hijos del país.
Adicionalmente, el exmandatario también estuvo recluido en prisión preventiva por el mismo caso durante diez meses entre 2017 y 2018, una medida que también fue revocada por el Tribunal Constitucional en su momento.