Los hechos investigados por el Ministerio Público ocurrieron durante una sesión del pleno municipal celebrada en noviembre de 2025, mientras se debatía una cuestión relativa a la vivienda y los terrenos municipales.
Durante la sesión, el alcalde del municipio, Rui Cristina, anunció que el ayuntamiento no iba a destinar fondos en materia de vivienda "a un grupo de ciudadanos locales pertenecientes a una minoría étnica" alegando que estos no pagan impuestos, detalló la Fiscalía en un comunicado. Esta minoría era la comunidad gitana.
Tanto Cristina como su formación de extrema derecha, Chega, han tenido varios encontronazos con la comunidad gitana por el discurso xenófobo que han empleado en sus campañas políticas.
En este contexto, la Fiscalía consideró que el alcalde "actuó con la intención de atentar contra el honor y la consideración que se deben a las personas pertenecientes a ese grupo étnico (...) atribuyéndoles de manera genérica la evasión de sus responsabilidades fiscales", todo esto "con el propósito de menospreciarlos y discriminarlos, fomentando un sentimiento de odio y aversión hacia dicha comunidad".
Al conocerse que la Fiscalía estaba investigando a Cristina, el líder de Chega, André Ventura, consideró "lamentable" la situación y acusó a las autoridades portuguesas de "hacer uso de sus poderes policiales y coercitivos para intimidar a un representante del pueblo que había afirmado -y con razón- que no seguiría concediendo viviendas sociales a los gitanos".
Ahora está en curso el plazo para la posible apertura de una instrucción que, a menos que se solicite lo contrario, determinará el envío del expediente a juicio en un proceso ordinario con la intervención de un tribunal.