"Denunciamos categóricamente que lo que estamos enfrentando no es una mera falta de voluntad del Estado, sino la evidencia de un plan de despojo y genocidio cultural contra el pueblo garífuna", afirmó la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, durante una rueda de prensa en Tegucigalpa.
Los garífunas de Honduras son una población afrodescendiente llegada desde San Vicente en 1797 y asentada principalmente en la costa caribeña, donde decenas de comunidades reclaman el respeto a sus tierras ancestrales, sus derechos y mejores condiciones de vida.
Miranda señaló que la organización recurrirá nuevamente a instancias internacionales para que Honduras responda por el incumplimiento de las sentencias de la CorteIDH, al tiempo que advirtió de una posible intensificación de las protestas en Tegucigalpa, donde mantienen desde la semana pasada un campamento frente a la sede del Supremo.
El tribunal interamericano ha dictado cuatro sentencias condenatorias contra Honduras por violaciones a los derechos territoriales de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026).
La líder afrodescendiente también exigió detener lo que calificó como una “matriz mediática de incitación al odio” contra el pueblo garífuna y acusó al Gobierno de actuar en favor de intereses privados y grupos empresariales a los que responsabilizó de la usurpación de territorios ancestrales.
"También exigimos que detengan la matriz mediática de incitación al odio contra el pueblo garífuna y que no sigan siendo los voceros de los intereses privados y los grupos empresariales que durante años han usurpado nuestros territorios y han instaurado la violencia y el terror”, enfatizó.
Miranda confirmó que no participarán en la mesa de trabajo convocada por la Corte Suprema de Justicia, al calificarla de un "falso diálogo" que busca renegociar derechos ya resueltos por la justicia internacional.
"La convocatoria a este falso diálogo forma parte de una campaña de incitación al odio contra el pueblo garífuna, promovida desde este gobierno que pretende justificar el despojo territorial, la criminalización y la persecución de nuestras comunidades y sus liderazgos", sostuvo.
El titular del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, instaló este miércoles una mesa de diálogo con varias instituciones del Estado para abordar la histórica conflictividad por los derechos territoriales del pueblo garífuna, cuyos representantes no atendieron la convocatoria.
Miranda exigió además el cierre definitivo de la causa penal contra cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan detenidos durante el desalojo del pasado 6 de julio, así como la aplicación efectiva del control de convencionalidad en los procesos relacionados con territorios ancestrales.
La CorteIDH determinó en 2023 que Honduras violó, entre otros, el derecho a la propiedad colectiva de la comunidad de San Juan al no titular, delimitar y demarcar la totalidad de su territorio, además de no garantizar su participación en asuntos que la afectaban.