El Gobierno de Bolivia emitió el lunes un decreto que establece "un precio referencial" de 18 bolivianos (1,56 dólares, al tipo de cambio vigente esta jornada) por litro de diésel para industrias, empresas y otras entidades consideradas "clientes directos" y "grandes consumidores".
Ese precio, que será variable, no se aplica para el sector del transporte público ni privado con consumos menores a los 5.000 litros al mes, los que seguirán pagando 9,80 bolivianos (0,84 dólares) el litro.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) de Santa Cruz afirmó en un comunicado de prensa que la medida "golpea" a los agricultores y "deja intacta la cadena irregular que desvía diésel subvencionado hacia el mercado ilegal".
"Rechazamos este decreto porque castiga al pequeño y mediano productor y no solamente al gran consumidor: golpea a todos los productores que producen alimentos para el país, que poseen desde 20, 30 o más hectáreas y que van a tener que pagar casi el doble por el combustible que usan”, dijo el presidente de la Anapo, Abraham Nogales.
Nogales denunció además que existe "una cadena de comercialización irregular de diésel, que opera desde hace meses sin que las autoridades la hayan desmantelado", según el comunicado.
De acuerdo con el dirigente, ante el desabastecimiento de diésel, los socios de Anapo han tenido que comprar a esos "operadores informales" el combustible a precios entre 15 y 18 bolivianos el litro (entre 1,30 y 1,56 dólares).
Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró este jueves en emergencia y exigió la abrogación del decreto al considerarlo "improvisado, que discrimina a todo el aparato productivo", dijo a los medios en Santa Cruz el presidente de esa entidad, Klaus Frerking.
"En caso de no existir soluciones, el congreso determinará acciones en defensa de la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos para todos los bolivianos", advirtió Frerking.
En la víspera productores y transportistas marcharon con sus tractores y otros vehículos en el municipio de Cuatro Cañadas, distante a 147 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, para exigir que se anule la norma y que el Gobierno cumpla con el abastecimiento de diésel.
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) también exigió la anulación de la norma y anunció posibles movilizaciones, pese a que está vigente el estado de excepción dictado el pasado 20 de junio tras siete semanas de bloqueos de carreteras y protestas contra el Gobierno.
En un acto con indígenas de Potosí y Oruro, el presidente, Rodrigo Paz, dijo que su Gobierno "está intentando sostener" el precio del diésel y la gasolina, pese a que en el exterior el combustible "está caro", lo que motiva a que sea llevado de contrabando hacia Perú y Chile.
Bolivia afronta nuevamente problemas de abastecimiento de combustibles, reflejados en las filas largas de vehículos que se observan en las últimas semanas en las estaciones de servicio.