Sería a través de la modificación del actual artículo 12 de la Constitución, según decidieron por unanimidad los diputados de la Asamblea, afín a la Presidencia de la República, y sectores consultados en una sesión "especial" celebrada para conmemorar el 48 aniversario de la acción armada con la que un comando sandinista asaltó el Palacio Nacional de Nicaragua el 22 de agosto de 1978.
"Durante esta sesión realizada desde el Palacio Nacional de la Cultura, donde se gestó esta hazaña histórica, aprobamos unánimemente agregar a la Propuesta de Reforma Constitucional la modificación al artículo 12 para reafirmar que en nuestra Nicaragua Bendita, Soberana y Siempre Libre, no tiene efecto jurídico ninguna legislación extranjera que pretenda imponerse sobre la Voluntad de nuestro Pueblo", señala un comunicado del Parlamento.
La propuesta para modificar el artículo llega días después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara de forma urgente a una reunión de cancilleres, todavía sin fecha, para abordar la situación de Nicaragua tras la amenaza del presidente Daniel Ortega de cancelar las elecciones.
La convocatoria provocó que la copresidenta de Nicaragua (y esposa de Ortega), Rosario Murillo, arremetiera contra los opositores en el exilio, quienes respaldan esa futura reunión: "Vade retro cachivaches y rueda fortunas. Sigan jugando. Creen que pueden seguir jugando como lo que son, chicos malos de toda nuestra historia, pero son, como decíamos ayer, los espantapájaros y triquitracas, cartuchos quemados y vencidos".
El Parlamento nicaragüense presentó a finales de julio una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que busca extender el mandato presidencial de cinco a siete años prorrogables así como excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados y considerados "traidores a la patria".
Dicha propuesta se presentó nueve días después de que Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, propusiera eliminar las elecciones en su país, en medio de acusaciones de fraude electoral, por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección.
Tanto el proyecto de reforma como las palabras de Ortega, que gobierna Nicaragua desde 2007, provocaron el rechazo internacional (Panamá incluso retiró a su embajador) y de organismos internacionales como la OEA, del que Nicaragua no forma parte desde 2023.