El Ejecutivo de Panamá sopesa reactivar la mina en un contexto en el que ambientalistas y sectores civiles organizados insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, mientras que los extrabajadores del enclave, sectores económicos y una parte de la población claman por su reactivación.
El Gobierno autorizó en mayo de 2025 la ejecución de un plan de preservación y gestión segura que busca reducir al mínimo el impacto ambiental por el cierre abrupto de la mina a cielo abierto, operada por una filial de la canadiense First Quantum Mineral, ya que quedaron toneladas de mineral sin procesar e infraestructura expuesta, de acuerdo con la explicación oficial.
Según datos de First Quantum, el plan incluye, entre otros, el procesamiento - a partir de abril pasado - de 38 millones de toneladas de roca que generaría 70.000 toneladas de cobre, lo que ha permitido la contratación hasta finales de junio pasado de 3.000 empleados, menos de la mitad de los 7.000 puestos directos existentes durante la operación plena del yacimiento.
Este lunes, el titular del Ministerio de Ambiente (Miambiente), Juan Carlos Navarro, lidera una jornada de trabajo en la región de la mina de cobre, en la que pondrá en marcha el Programa de Monitoreo Participativo Comunitario del Agua y supervisará el desarrollo del Plan de Gestión Segura (PGS), según indicó un comunicado oficial.
Quince comunidades de la cuenca vigilarán la calidad del agua junto al Estado, con respaldo técnico independiente y una cadena de custodia verificable, de acuerdo con la misiva oficial.
Esta jornada incluye corroborar en el sitio el "funcionamiento del Plan de Gestión Segura, constatar el estado de los compromisos ambientales de restauración, reforestación y cuidado del agua" añadió el comunicado oficial.
Navarro integra junto con los ministros de Industria y Comercio, Julio Moltó, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, la comisión que analiza la auditoría integral a la mina realizada por multinacional suiza SGS, a fin de decidir el futuro del yacimiento de cerca de 13.000 hectáreas y única explotación de cobre en el país.
El pasado 13 de julio Navarro dijo que la auditoría integral arrojó que la operación de la mina por parte de Minera Panamá, filial de First Quantum, presentaba un cumplimiento "del 87,64 % de los 370 compromisos ambientales auditables adquiridos por la empresa", pero también identificó "nueve fallas operativas", entre ellas "en reforestación, que alcanzó apenas el 45,7 % de lo comprometido".
Los grupos ambientales que presionaron para el cierre de la mina descalificaron la auditoría internacional.
El cierre de la mina supuso la pérdida de 7.000 empleos directos, unos 30.000 indirectos y una caída de la actividad económica nacional pues representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB), ello pese a que los términos económicos de la concesión eran lesivos al Estado, como sostienen varios sectores y establece el fallo de inconstitucionalidad.