Alarcón hizo esta solicitud ante el juez de la Corte Nacional que está encargado del caso, con base en un supuesto peligro de fuga y el riesgo de obstaculización del proceso penal, según informó el Ministerio Público.
De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían "omitido o evadido procedimientos para favorecer" a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.
A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, el Gobierno del presidente Daniel Noboa pagó el 70 % del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de 104 millones de dólares que se han determinado como el presunto perjuicio.
Además, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento, según el Ministerio Público.
Entre los 21 procesados está el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); mientras que entre los nuevos vinculados están administradores de los contratos, exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal, de acuerdo a medios locales.
Después de escuchar a todas las partes, el juez suspendió la audiencia para deliberar y señaló que anunciará su decisión sobre el pedido de prisión preventiva el próximo jueves.
Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a 14 horas diarias.
El país andino tiene una matriz eléctrica compuesta en más de un 70 % de energía hidroeléctrica.