La Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos (ABAM) ha decidido "continuar con la suspensión de la prestación de servicios profesionales", comunicó este viernes la organización tras una reunión extraordinaria celebrada en Rabat.
Los letrados han permanecido en huelga durante todo el verano con el objetivo de paralizar los tribunales y han realizado manifestaciones frente al Parlamento para exigir la retirada de la ley que entró en vigor el 20 de agosto.
"La decisión de suspender las labores de defensa, que ya supera los cien días, responde a la forma profundamente insatisfactoria en que el Gobierno y su mayoría parlamentaria han tratado a los abogados y abogadas", declaró a EFE el decano del Colegio de Abogados de Rabat, Aziz Rouibah.
La huelga mantiene bloqueado el sistema judicial, con retrasos en los procesos legales, aumento de personas en prisión preventiva y bloqueo de trámites civiles, comerciales y familiares, como divorcios, custodias o recursos judiciales.
Durante estos meses de huelga, asociaciones civiles han denunciado la celebración de juicios sin presencia de abogados, lo que vulnera el derecho a la defensa y a un proceso con garantías.
En este sentido, Rouibah advirtió de que la ley "impone una forma de autocensura" a los letrados frente a la fiscalía y remarcó que, "sin abogados en las salas, falta una condición esencial para un juicio verdaderamente justo".
El Ministerio marroquí de Justicia insiste en que la nueva ley forma parte de una reforma que constituye "una garantía de protección de los derechos y libertades", "reforzará el equilibrio entre la independencia de la profesión y su responsabilidad" y blindará normas de integridad, imparcialidad y ética profesional.
Los abogados, sin embargo, consideran que supone una injerencia en la autonomía de la profesión por considerar que algunos artículos otorgan más poder al Ejecutivo para entrar en materias que deberían seguir bajo el control de los órganos profesionales.
Esta ley "atenta contra los principios fundamentales de la defensa: su independencia, su inmunidad profesional y su autonomía de gestión" y "ataca directamente nuestra dignidad y nuestra seguridad profesional", subrayó el decano de Rabat.
Los letrados también rechazan el endurecimiento de los requisitos para acceder a cargos de responsabilidad y la prohibición a las organizaciones autónomas de los abogados de deducir cantidades de sus ingresos que se destinaban a las coberturas sanitarias, lo que consideran una asfixia financiera.