Aunque ambos informes afirman que se produjeron múltiples violaciones de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, uno de ellos, elaborado por dos expertos daneses, concluye que no existen pruebas de que fuera un genocidio, mientras que el otro trabajo, de dos investigadoras internacionales, sugiere que podría haberlo habido.
Jonas Christoffersen, exdirector del Instituto Danés de Derechos Humanos, y la investigadora en psicología Jensine Nedergaard, autores del primer informe, afirman que "no existen pruebas empíricas para suponer que se haya producido ningún genocidio", pese a que la implantación de un dispositivo intrauterino (DIU) sin consentimiento está contemplada en la legislación internacional.
"Sin embargo, no hay evidencia empírica para suponer que alguna autoridad o profesional de la salud danés o groenlandés haya tenido en algún momento la intención de destruir a la población groenlandesa en su totalidad o en parte", señala su informe.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio contempla medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro de un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado, entre ellas la esterilización forzada y los abortos forzados, con el objetivo de limitar sistemáticamente la capacidad del grupo para tener hijos.
Según estos dos expertos, es probable que algunos médicos quisieran limitar la capacidad de los groenlandeses para tener hijos, pero el Estado danés no tuvo intención de destruir a la población groenlandesa, por lo que no puede considerarse un genocidio.
Christoffersen y Nedergaard admitieron en su informe que no tienen ninguna duda de que a niñas y mujeres groenlandesas se les implantara el DIU sin el consentimiento suficiente, aunque esto no significa necesariamente que haya existido coacción por parte del Estado danés.
El otro informe, elaborado por Dalee Sambo Dorough, experta en derechos humanos, y Miriam Cullen, investigadora y abogada, sostiene que no existe una respuesta clara a si se produjo o no un genocidio con la esterilización forzosa de las mujeres groenlandesas.
Dorough y Cullen consideran que no hay fundamento para concluir que el propósito de la práctica anticonceptiva fuera necesariamente destruir total o parcialmente a la población inuit en Groenlandia, aunque sí hubo un deseo de limitar su crecimiento demográfico.
Para ello, según su informe, los médicos utilizaron "técnicas de motivación activa" y "persuasión entusiasta" para implantar las espirales a las mujeres groenlandesas, así como la negativa a retirarlas cuando estas se lo pidieron.
"Estas acciones fueron llevadas a cabo por personas empleadas por el Estado y, por lo tanto, bajo la autoridad del Estado danés, y pueden atribuirse al Estado según el derecho internacional", afirman en el informe.
A su juicio, la responsabilidad del Estado se aplica incluso si no se puede probar la intención genocida, porque debería haber sabido lo que ocurría y actuado para impedirlo.
Los cuatro expertos formaban parte inicialmente del mismo grupo que debía investigar el caso, pero los especialistas daneses tuvieron desacuerdos sobre su enfoque y se separaron, por lo que finalmente presentaron dos informes distintos.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló en un comunicado que su Gobierno estudiará ambos informes "con gran interés" y abordará un proceso político junto con el Gobierno de Groenlandia para intentar encontrar "el camino correcto".
Frederiksen aceptó de buen grado la propuesta del presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, de crear una comisión de reconciliación que permita a los daneses abordar de forma crítica los aspectos oscuros de su historia y reconocer el dolor que han podido causar.
"Si abordamos este trabajo con cuidado y reflexión, podemos crear un camino común para nuestra futura cooperación, que se basa en tres pilares fundamentales: confianza, respeto e igualdad", dijo la mandataria danesa en el comunicado.
Frederiksen y Nielsen pidieron perdón de forma oficial en septiembre del año pasado por el dolor y el sufrimiento causado a las mujeres groenlandesas en un acto oficial en Nuuk (capital de Groenlandia).
El jueves, el Parlamento danés aprobó indemnizar a las miles de mujeres afectadas con 300.000 coronas danesas (algo más de 40.000 euros) por persona, aunque Frederiksen afirmó este viernes que esa compensación "no significa que podamos o debamos simplemente dar por zanjado el asunto".