"De los 397 fallecidos, 369 eran privados de libertad, 22 visitantes, 2 custodios penitenciarios, 3 funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y uno era efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada)", indicó la organización en una nota de prensa.
La última masacre, prosiguió el OVP, ocurrió en abril pasado, en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda (norte), "donde después de una protesta cinco reclusos fueron asesinados".
Asimismo, detalló que en 2012 murieron 22 presos en el Centro Penitenciario Región Andina, en el estado Mérida (oeste); 26 en Yare I (Miranda) y 10 en la cárcel La Pica, en el estado Monagas (este).
"Luego de estos hechos sangrientos se han anunciado investigaciones de las que actualmente se desconocen los resultados y los responsables", subrayó el OVP.
La ONG advirtió que el Gobierno, "se lavó las manos diciendo que las muertes se produjeron entre la misma población penal", pero señaló que "es responsabilidad de las autoridades que pase (entre) un arma a un penal".
Igualmente, denunció que tampoco ha habido investigación para los funcionarios que presuntamente cometieron estas muertes, al asegurar que no todas han sido entre los mismos internos.
El observatorio señaló que el Estado venezolano sigue en deuda con las víctimas y sus familias.
"La verdad, la justicia y la reparación no pueden seguir siendo postergadas", apuntó.
En mayo pasado, la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal a raíz de una protesta protagonizada por los presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, que denunciaban malos tratos de funcionarios.
Un mes antes, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en Yare, que dejó cinco fallecidos y la Fiscalía también anunció entonces una investigación, de la que no se conoce públicamente los avances.