"Sabemos qué acordaron, pero no cómo llegaron a ese acuerdo, quién propuso qué ni qué quedó descartado en el camino", indicó la organización en un nota de prensa.
Espacio Público sostuvo que se mantiene la opacidad institucional desde la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, al publicar en su página web una nota informativa sobre el cierre del primer ciclo del proceso hace dos semanas pero no el documento que formaliza lo acordado.
"En esta nueva mesa de diálogo exigimos que existan, por escrito y de manera formal, condiciones extensas que permitan que la ciudadanía pueda saber lo que ocurre en su país todos los días y en todos los temas", reclamó.
La ONG señaló que sin la posibilidad de recibir, difundir o buscar información sin obstáculos y sin miedo a represalias, la sociedad no puede conocer lo que sucede, tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos de forma plena.
"No le corresponde a las partes de una mesa decidir cuánto puede saber el país sobre lo que se decide en su nombre. Por eso estas libertades deben estar por encima de la mesa y no dentro de ella, con negociación o sin ella: porque son el instrumento con el que se mide todo lo demás", subrayó.
El pasado 12 de agosto, el chavismo y un sector opositor cerraron el primer ciclo del diálogo con dos acuerdos, uno para la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y otro para la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.
El pasado 6 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela planteó 10 condiciones, entre ellas la libertad plena para quienes consideró han sido "perseguidos por expresarse", para que el proceso de diálogo logre una "transición y una democracia real" en el país.
El SNTP también planteó entonces el "fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos", lo que incluye el cese de la revisión de teléfonos, el "ciberpatrullaje y el uso de información privada para perseguir opiniones o armar expedientes políticos".
Asimismo, pidió el "cese de la estigmatización y de las represalias por razones editoriales" y el desbloqueo de medios, plataformas y herramientas digitales.