Zúñiga fue atacado con arma de fuego el 29 de agosto dentro de un negocio de su propiedad en Santa Cruz Atopoltitlán, en el municipio de Tehuitzingo, en la región de la Mixteca poblana.
De acuerdo con los reportes locales, sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al establecimiento y dispararon contra el fotógrafo, quien posteriormente murió a consecuencia de las heridas.
Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, señaló que documenta el caso y pidió que las autoridades esclarezcan el crimen tomando en consideración la actividad informativa de Zúñiga.
La organización destacó que en mayo pasado el fotógrafo había denunciado amenazas después de la publicación de unas imágenes.
Según mensajes difundidos entonces por el propio Zúñiga en sus redes sociales, recibió una llamada en la que le advirtieron que “no se metiera en la política” y que dejara de criticar a la actual administración municipal.
En una publicación del 9 de mayo, el fotógrafo relató que las amenazas ocurrieron después de tomar imágenes relacionadas con asuntos locales y aseguró que le habían advertido de posibles “consecuencias” si continuaba con sus publicaciones.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que esas amenazas estén relacionadas con el asesinato ni han informado de un móvil para el crimen.
Zúñiga utilizaba sus redes sociales para difundir fotografías e información sobre Tehuitzingo y abordar asuntos de interés para la comunidad.
Su asesinato ocurre poco más de un mes después del homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, quien fue atacado a tiros el 16 de julio también en Puebla.
El crimen se suma a la violencia que enfrentan periodistas y comunicadores en México, considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión fuera de zonas en guerra.
Artículo 19 contabiliza 181 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000 en posible relación con su labor, además de documentar amenazas, intimidaciones y otras agresiones contra comunicadores.
La organización ha advertido reiteradamente que la impunidad en estos casos favorece la repetición de la violencia y ha pedido a las autoridades investigar como una línea prioritaria la actividad periodística de las víctimas cuando existen indicios de posibles represalias por su trabajo.