El prestigioso grupo de abogados del cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, anunció su retirada durante una audiencia judicial celebrada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.
De acuerdo con Los Angeles Times, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Charlaine Olmedo, accedió a su petición. No se dieron detalles del motivo de la solicitud.
Un portavoz de la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles declaró que una evaluación exhaustiva de las finanzas de Burke confirmó que cumplía los requisitos para recibir los servicios de la defensoría pública.
Walid Kandeel será el nuevo abogado defensor oficial de David Anthony Burke.
"Reconocemos la pérdida de vidas que subyace a las acusaciones y expresamos nuestras condolencias a quienes están de luto. Al mismo tiempo, David Burke tiene derecho a una defensa que tome en serio sus circunstancias y examine cuidadosamente las pruebas. Nos comprometemos a brindarle esa defensa", declaró Kandeel en un comunicado obtenido por medios nacionales.
Kandeel solicitó que se aplazara la comparecencia de Burke ante el juez, pero este rechazó su petición.
Este lunes, D4vd volvió a declararse inocente de los cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.
Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 19 de octubre.
En julio, Olmedo dictaminó que había pruebas suficientes para juzgar a D4vd por el asesinato y el desmembramiento de Celeste Rivas Hernández.
La Fiscalía de Los Ángeles cree que el cantante mató a la joven el 23 de abril de 2025, un día después de que ella lo amenazara con revelar públicamente su relación, poco antes del lanzamiento de su álbum debut 'Withered'.
Según los fiscales, entre las circunstancias especiales que alegan están el acecho premeditado, el asesinato por motivos de lucro y la eliminación de una testigo de una posible investigación criminal.
De ser declarado culpable, D4vd podría enfrentarse a cadena perpetua o a la pena de muerte, que la Fiscalía aún no ha confirmado si solicitará.