El organismo hizo un recuento de varios hechos ocurridos en Ecuador en los últimos meses, empezando por el adelanto de las elecciones, que estaban previstas para el 14 de febrero de 2027, pero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó para noviembre para evitar problemas con el fenómeno de El Niño.
Según la CIDH, esta medida generó preocupación entre las organizaciones políticas respecto de su capacidad de competir en condiciones equitativas, ya que el adelanto acortó los períodos previstos para las elecciones internas, la inscripción de candidaturas y la campaña electoral.
También señaló que ha recibido información sobre decisiones que han incidido en la participación de agrupaciones políticas en la contienda, como la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y la principal fuerza de oposición en el país, por pedido de la Fiscalía.
Además, se refirió a la eliminación de los partidos de izquierda Construye y Unidad Popular por parte del CNE, aunque posteriormente una jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la cancelación del último movimiento. E incluyó la suspensión del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que iba a cobijar a los candidatos del correísmo.
Sin valorar el contenido ni la fundamentación de decisiones adoptadas en causas concretas, la CIDH recordó que los derechos políticos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre comprenden el derecho a votar, a ser elegida o elegido y a participar en la dirección de los asuntos públicos.
La Carta Democrática Interamericana identifica el respeto a esos derechos como un elemento esencial de la democracia representativa.
Por ellos, sumado al pedido de pluralidad, la CIDH instó al Estado a asegurar que "toda decisión con efectos sobre la contienda se adopte de manera oportuna, con plenas garantías judiciales, motivación suficiente y recursos efectivos".
La Comisión también llamó a resolver con celeridad los recursos pendientes ante la justicia electoral y constitucional, de modo que las decisiones adquieran firmeza antes de que sus efectos resulten irreversibles para el proceso.
Asimismo a que se garantice el acceso a información pública oportuna y confiable sobre las reglas, los plazos y las decisiones que rigen los comicios.
Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales de noviembre, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes y 457 concejales rurales y suplentes, entre otras autoridades.