"Yo todavía guardo la esperanza, por el bien del país, que este acuerdo sea renovado", dijo -en declaraciones a un periodista- el diputado Francisco Lira, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).
El parlamentario desea que el Gobierno de Donald Trump "logre recapacitar y ampliar el plazo", pero -si eso no se da- espera "que el Gobierno salvadoreño ponga en claro qué política pública va a utilizar para estos connacionales".
El 9 de septiembre marcará un antes y un después para más de 170.000 salvadoreños en EE.UU., cuando llegue a su fin el TPS y se enfrenten a la obligación de regresar a El Salvador, un país que algunos apenas conocen o del que, incluso, no conservan recuerdos.
Para la diputada Claudia Ortiz, de la formación política VAMOS (centro derecha), lo que están enfrentando estos salvadoreños es "sumamente delicado" pero, señaló, "es aún más delicado que no hay ni una palabra (reacción) del gobierno salvadoreño".
"Es alarmante y doloroso los casos de personas que ya están perdiendo sus trabajos por este tema, personas que tienen que tomar la decisión de dejar a sus hijos ciudadanos o traerlos a un país que no conocen", manifestó Ortiz, quien agregó que "es una situación bastante crítica".
Además, la diputada subrayó que es importante que El Salvador "se prepare ante cualquier decisión" por parte de la Administración estadounidense.
La Casa Blanca terminó ya con el TPS de varios países, incluidos Haití, Venezuela y Afganistán.
En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, el Ejecutivo estadounidense dejará expirar la protección, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.
Los salvadoreños afectados perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación.
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó la cancelación del TPS para El Salvador, al otorgar a los amparados (unos 180.000 para ese año) dieciocho meses para buscar otro camino en procura de la residencia o salir del país.
El programa logró mantenerse por una orden judicial, tras una demanda presentada por beneficiarios y sus hijos estadounidenses, al alegar que el Gobierno se basó en razones discriminatorias y racistas.
El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) después de que dos terremotos sacudieron ese año a El Salvador.