"La fuerza pública respondió con una operatividad que trajo consigo: 14.914 capturas, 23 cabecillas neutralizados, 1.485 armas de fuego decomisadas, 1.320 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas y 49,3 toneladas de estupefacientes incautadas", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
En el balance revelado por la entidad destacan los bombardeos realizados por las fuerzas armadas en las últimas semanas contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo (noreste).
Así como las operaciones aéreas realizadas en la selva del Guaviare contra facciones de las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.
"El poder aéreo de una nación es para usarlo. El Gobierno nacional es consciente de la ventaja militar que proporcionan las operaciones de alta precisión en medio del conflicto y la lucha contra la criminalidad", precisa la cartera de Defensa.
Esas operaciones aéreas han dejado una treintena de personas muertas, entre ellas unos cuatro menores de edad, según los informes del Instituto de Medicina Legal, entidad encargada de hacer el abordaje forense de los cuerpos.
Además, entidades como la Defensoría del Pueblo han cuestionado al nuevo gobierno por la forma en la que el mandatario ha estado comunicando los resultados operacionales, entre ellos uno en el Guaviare en el que resultaron muertos 24 disidentes de las FARC, y cuyo balance De la Espriella hizo con los cadáveres en la escena.
La entidad aseguró que no desconoce ni cuestiona la legitimidad de las operaciones militares, sino más bien la manera en cómo el "Estado ejerce el poder y comunica sus resultados", ya que "incluso en la guerra existen límites" y los muertos deben ser "respetados y tratados dignamente".