Se trata de tripulantes de las embarcaciones Conquista 2, interceptada y hundida el pasado miércoles, y del María Candelaria, destruida el sábado, quienes llegaron el lunes a la ciudad portuaria de Manta en medio del reclamo de sus familiares, que negaron su vínculo con el narcotráfico.
Los hombres fueron llevados hasta una unidad policial, donde una jueza determinó que la detención en el mar había sido legal y, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, ordenó su liberación bajo la condición de que no salgan del país y que se presenten una vez por semana ante el fiscal que lleva la causa.
Steven Alvia, abogado de varios de los procesados, rechazó el inicio de la investigación en contra de los tripulantes y aseguró que la Fiscalía no tenía pruebas del supuesto delito.
"Confiamos en la justicia del país y que el día 28 de septiembre se va a ratificar la inocencia de nuestros representados", señaló a medios locales en referencia a la fecha en la que, dijo, se realizará una audiencia de procedimiento directo contra los procesados.
Desde el 28 de agosto, al menos cinco embarcaciones ecuatorianas fueron hundidas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.
Según el Comando Sur de EE.UU., los barcos funcionaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible y apoyaban en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y declarado como terrorista por el Gobierno estadounidense.
Sin embargo, el pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 tripulantes del Conquista 2 y del OM2, al no hallar indicios de delito.
Además de estos cinco casos, pescadores y sus familiares denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones realizados en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores, pero que no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.
De acuerdo con The Washington Post, esos tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de una operación encubierta de la CIA que era independiente a la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. libra desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico.
Los ocho pescadores ecuatorianos que aún están desaparecidos salieron en enero a bordo de la embarcación Fiorella y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en este caso.
En el marco de la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, el secretario de Estado de EE.UU. llegará este miércoles a Quito, como parte de una gira que realiza entre el 8 y el 10 de agosto y que incluye también Colombia y Perú.