En rueda de prensa, la organización no gubernamental canadiense y González remarcaron que se violaron sus "derechos fundamentales" al ser detenida durante casi tres meses en 2023 por el Ministerio Público (Fiscalía).
La abogada fue perseguida judicialmente por su labor como mandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU que entre 2014 y 2019 desmanteló más de 200 estructuras corruptas dentro del Estado.
El Ministerio Público que procesó penalmente a González estuvo bajo el mando de la entonces fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
González permaneció ochenta y dos días en prisión preventiva tras ser capturada en agosto de 2023 por presunto "abuso de autoridad" —un delito aplicable solo a funcionarios públicos—, proceso iniciado a raíz de una denuncia presentada por una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia a quien la exmandataria investigó durante su gestión en la CICIG.
Tanto Abogados Sin Fronteras Canadá como González recordaron este martes que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que el arresto de la abogada careció de base legal y se enmarcó en un "patrón de discriminación" y represalias por su labor anticorrupción.
"El Grupo de Trabajo exige al Estado de Guatemala actuar sin dilación, reparar a Claudia González Orellana, investigar de manera exhaustiva a las personas responsables y por ello hoy hacen un llamado público a las instituciones del Estado. Guatemala no puede continuar normalizando que quienes investigan la corrupción sean perseguidos por cumplir con su deber", declaró la directora de ASFC, Claudia María López.
Ante la reanudación del juicio contra González, previsto para mayo de 2027, la abogada defensora Joseline Jácome instó al Ministerio Público y a los tribunales a acatar los estándares internacionales y declarar la inocencia de la exmandataria de la CICIG para frenar el "desgaste financiero, personal y psicológico" provocado por tres años de demoras y constantes suspensiones de audiencias.
Con Porras Argueta al frente del Ministerio Público entre 2018 y 2026, casi un centenar de abogados, jueces, fiscales anticorrupción, periodistas y activistas tuvieron que salir al exilio ante la persecución de la Fiscalía.