El hecho ocurrió en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, donde la víctima fue golpeada y asfixiada por su expareja, de 57 años, quien "posteriormente se presentó ante las autoridades policiales" para entregarse.
"El sindicado habría sostenido una discusión con su exesposa, con quien vivía en la misma casa, situación que derivó en un altercado físico y un forcejeo. En esas circunstancias, la víctima habría caído, produciéndose posteriormente su fallecimiento”, explicó el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, citado en una nota de prensa.
Por su parte, el fiscal asignado al caso, Justo Chambi, informó que la autopsia médico-legal estableció como causa de muerte "anoxia cerebral, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulación manual".
Chambi anunció que se presentará la imputación formal contra la expareja y se pedirá prisión preventiva por seis meses en una cárcel de máxima seguridad de La Paz.
Con este crimen, los feminicidios en Bolivia subieron a 59, hechos registrados entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de este año.
El departamento de La Paz concentra la mayoría de las denuncias, con 21, seguido por Santa Cruz, con 11; Cochabamba, con 8, e igual número en Oruro.
También se registraron cuatro casos en Potosí, tres en Chuquisaca, dos en Tarija y las regiones amazónicas de Pando y Beni reportan uno cada una.
Según la Fiscalía, en el 98 % de los casos se tiene "plenamente" identificados a los autores, quienes cumplen prisión preventiva y "11 de ellos ya se encuentran con sentencia".
Del 1 de enero al 31 de julio, el Ministerio Público registró 24.890 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o Ley 348, vigente en el país desde 2013.
De ese total, 18.059 casos fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.
La Ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.
Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la Ley 348.