La jueza federal Kathleen M. Williams fijó para esa fecha, a las 14:00 horas (18:00 GMT), "la audiencia de lectura de sentencia" en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde Saab se declaró culpable este martes, según revelaron documentos judiciales hoy.
Aunque la notificación no ofrece más detalles, la jueza avisó el martes a Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), que el cargo de lavado de dinero por el que se declaró culpable implica una pena máxima de 20 años de cárcel y una multa de hasta 500.000 dólares.
A cambio de información sobre sus cómplices, que incluye "altos miembros del Gobierno de Venezuela", aunque sin nombrar a Maduro, el Departamento de Justicia (DOJ) aceptó pedir una sentencia menor para el exministro venezolano, pero advirtió de que depende de la "calidad e importancia" de la información, según los documentos.
En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.
El empresario petrolero, de 54 años, nacido en Colombia y deportado en mayo pasado a Miami, accedió a "cooperar plenamente" con el DOJ con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno.
"Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto.
Además, Saab aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos.
El exministro ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela.