En un informe titulado "RDC: No vinimos a jugar: abusos del M23 en minas artesanales y el tráfico de oro y coltán a Ruanda", la organización documentó ejecuciones extrajudiciales de al menos 18 personas, torturas, trabajos forzados y detenciones en yacimientos clave como Rubaya, en la provincia de Kivu del Norte; y Lomera, en la vecina Kivu del Sur, controlados por la milicia.
"Estos actos buscan castigar e infundir temor entre los mineros mientras los minerales se trafican al otro lado de la frontera", afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Las investigaciones de la ONG registraron que diez de los mineros fueron asesinados a golpes por negarse a entregar minerales o por exigir descansos, mientras que decenas de trabajadores relataron haber sufrido palizas sistemáticas hasta perder el conocimiento dentro de galerías subterráneas y en contenedores de carga utilizados como centros de detención improvisados.
Un supervisor minero relató a AI cómo los combatientes del M23 atacaron a uno de sus empleados: “Cuando salimos del pozo de la mina con la arena mineralizada, había cinco (combatientes del M23) bien armados y tres que no estaban armados. Dijeron: 'No vinimos a jugar. Si te resistes (a darnos la arena mineralizada), te mataremos'”.
En otro testimonio, un minero contó que, cerca de la mina de Rubaya, el M23 utilizó tres contenedores como celdas de detención.
Ese empleado escuchó los gritos de los detenidos mientras eran torturados dentro: “Es mejor morir -subrayó- que estar detenido allí”.
Las víctimas también señalaron la presencia activa de ciudadanos ruandeses que ejercen como gestores de los pozos mineros o guardias de seguridad que hablan kinyaruanda —idioma oficial de Ruanda— y participan en combates junto a los rebeldes.
AI verificó el traslado nocturno de sacos con arena aurífera en embarcaciones que cruzan el lago Kivu desde Lomera hacia la localidad de Kamembe, en la Provincia Occidental de Ruanda, que calificó como una red de saqueo transfronterizo que beneficia económicamente a Kigali.
“Esta investigación debería servir de llamada de atención para Ruanda de que los ruandeses pueden asumir la responsabilidad penal internacional por facilitar el tráfico de minerales saqueados”, advirtió Callamard, quien instó a la Unión Africana, Estados Unidos y la Unión Europea a paralizar las compras de coltán y de oro a Ruanda hasta que se garantice el fin del contrabando.
La ONG también recriminó a las empresas tecnológicas e industrias globales que usan esos minerales en sus dispositivos que "no pueden alegar ignorancia" y que podrían ser consideradas penalmente responsables de complicidad en crímenes de guerra si continúan abasteciéndose de suministros “contaminados” por el conflicto.
El conflicto en la región se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu, capital de Kivu del Sur, tras intensos combates con el Ejército congoleño.
Pese a los acuerdos de paz alcanzados en los marcos de negociación de Washington y Doha, tanto el Ejecutivo de la RDC como los rebeldes se acusan mutuamente de violar de forma reiterada el alto el fuego.
El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica global, sufre desde 1998 un conflicto armado alimentado por decenas de milicias y el Ejército, a pesar del despliegue de la Misión de la ONU en el país (MONUSCO).