Líderes comunitarios exigieron frente al Ayuntamiento de Doral, ciudad en la zona metropolitana de Miami apodada 'Doralzuela', para exigir que la alcaldesa, Christi Fraga, y los concejales rompan el acuerdo '287(g)', que autoriza a la policía local a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
"Podían haber defendido a su comunidad, podían haber dicho que no (firmar la cooperación con ICE), pero decidieron no hacerlo. ¿Y por qué? Porque apoyan al presidente Trump", declaró Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), que representa a venezolanos en Estados Unidos.
"El mismo presidente Trump que esta noche a las 7:00 de la noche se reúne con la representante de la dictadura ilegítima en Venezuela, Delcy Rodríguez, en un hotel en Nueva York para terminar de darle la legitimidad que ningún venezolano le ha dado", añadió la activista.
Ferro alertó que el miedo a las deportaciones ha convertido en una "ciudad fantasma" a Doral, con 81.000 habitantes, de los que más del 85 % son hispanos y la mitad del total son venezolanos, quienes festejaron en enero pasado en las calles la captura del entonces gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.
El ambiente festivo de entonces contrasta con el temor actual de los venezolanos, a quienes la Administración de Trump ha quitado protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el 'parole' humanitario que otorgó el expresidente Joe Biden (2021-2025).
A esto se suma que Doral firmó en enero un 'acuerdo 287(g)', con el que la policía local coopera con ICE, por lo que los habitantes denuncian de forma constante en sus redes sociales la presencia de patrullas y el arresto de inmigrantes, incluyendo quienes tienen permisos de trabajo y solicitudes de asilo.
"Una luz verde para convertir al gobierno local en un brazo de la maquinaria de deportación federal y desde entonces todo ha empeorado. Redadas, miedo, terror, crueldad. Doral es una ciudad fantasma. Familias con temor de mandar a sus hijos a la escuela, de ir a trabajar, de salir por la puerta de su casa", dijo Ferro.
El fenómeno ocurre tras el récord de casi 51.000 arrestos migratorios en Estados Unidos en agosto, la mayor cifra del segundo mandato de Trump, mientras el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presume de que su estado lidera en las medidas antiinmigrantes, como los acuerdos '287(g)'.
La alcaldesa de Doral y el concejal venezolano-americano Rafael Pineyro, republicanos que apoyaron a Trump, han argumentado que las leyes estatales los obligan a cooperar con ICE, pero la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) señaló que dos tercios de las municipales del Condado de Miami-Dade no lo han hecho.
"Vienen y lloran las lágrimas de cocodrilo, ahora que los vientos políticos se les han volteado, y les mienten a ustedes, hacen entrevistas y dicen: 'a nosotros nos obligaron a hacer esto'. No, la ley estatal es clara, la ciudad de Doral no estaba obligada a hacer esto", sostuvo Thomas Kennedy, consultor de FLIC.
Javier Fernández, alcalde de South Miami, indicó que él no firmó el acuerdo para cooperar con ICE, por lo que Doral podría hacer lo mismo sin temor a represalias del Gobierno de DeSantis.
"Esta ciudad es una comunidad, Miami-Dade, de verdad, que se ha impulsado por la labor y el esfuerzo de inmigrantes, todos somos migrantes, yo soy hijo de exiliados, me parece que le hemos hecho al legado de nuestros padres y nuestros abuelos una tremenda injusticia aportando a esta política del presidente Trump", expresó.