En su resolución, la CIDH explicó que decidió otorgar medidas cautelares en beneficio de Munguía Mayorga tras considerar que se encuentra "en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua".
La parte solicitante, continuó el organismo, indicó que la mujer fue detenida por agentes policiales el 14 de julio de 2026 en su vivienda, ubicada en Chinandega, al noroeste de Nicaragua.
Desde entonces, sus familiares no tienen información sobre su paradero, destino, condiciones de detención o su estado de salud, pese a las gestiones de búsqueda realizadas ante diversas autoridades estatales en Nicaragua, anotó la Comisión.
La CIDH afirmó que el Estado de Nicaragua no respondió a la solicitud de información formulada durante el procedimiento de las medidas cautelares.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión constató que, tras su detención, sus familiares se presentaron en distintas oficinas para lograr ubicar dónde podría encontrarse recluida y obtener respuesta sobre su situación.
Advirtió que la beneficiaria padece cáncer, diabetes e hipertensión crónica, por lo que requiere tratamiento médico, seguimiento especializado y medicación diaria.
La Comisión estimó que los derechos a la vida e integridad personal de la beneficiaria están en grave riesgo en la medida en que, hasta la fecha, no se tiene información oficial acerca de su destino o paradero, así como sobre su situación actual, estado de salud, y si cuenta con acceso a la atención médica y a los medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos.
"La falta de respuesta del Estado impide conocer las medidas adoptadas que se estarían implementando para atender la situación de riesgo y controvertir los hechos alegados", indicó.
Por tanto, la CIDH solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Munguía Mayorga, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, y precisar si la beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado, así como las circunstancias y condiciones de su detención.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Dichos comicios se desarrollaron con los principales contendientes en prisión, quienes luego fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras ser acusados de "golpistas" y de "traición a la patria".