Los sentenciados fueron declarados autores del delito de lavado de activos y deberán pagar además una multa equivalente al triple del monto que, según la Fiscalía, blanquearon.
La investigación se inició en febrero de 2023 cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó el ingreso de más de 24 millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano de manera inusual e injustificada.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó los testimonios de siete testigos y diez peritos especializados en áreas como marketing, derecho, finanzas, criminalística e informática.
El pasado mes de abril fueron llamadas a juicio por esta causa once personas naturales y nueve jurídicas, aunque el proceso permanece suspendido para los acusados que se encuentran prófugos y para las empresas que no tienen actualmente un representante legal habilitado para intervenir en el juicio.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla penas de hasta trece años de prisión.