El entonces funcionario presentó un informe que señala que, durante los meses previos a su llegada en agosto de 2025, se efectuaron pagos sin licitaciones ni mecanismos de competencia previos y que las compras se concentraron en un grupo reducido de proveedores con vínculos familiares y societarios entre sí.
La documentación forma parte de la causa que investiga una presunta red de corrupción en la ANDIS, iniciada tras la difusión en agosto de 2025 de audios atribuidos al exdirector del organismo Diego Spagnuolo, uno de los abogados personales del presidente, que mencionaban supuestos pedidos de sobornos a proveedores de medicamentos.
Los audios involucraban a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la trama de corrupción, quien no está procesada en la causa.
Según el informe difundido por La Nación, el análisis de las compras del entonces interventor detectó diferencias de precios de entre el 300 % y al 1.000 % en distintos insumos y casos que superaron el 2.000 %.
Un documento técnico del Ministerio de Salud, incorporado a la investigación, identificó una diferencia de precio del 4.239 % en la compra de un andador.
En otro caso, la ANDIS pagó 425 millones de pesos (alrededor de 275.000 dólares) por un sistema de válvulas bicava transcatéter que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) había adquirido meses antes por 124,2 millones (unos 80.300 dólares ), una diferencia del 242 %.
El relevamiento incluyó 37 facturas correspondientes a seis proveedores, por un total de 18.100 millones de pesos (unos 11,72 millones de dólares).
El informe de Vilches también advierte sobre deficiencias en los controles y registros del organismo. Afirma la existencia de padrones que incluían personas fallecidas y presos y, según la documentación presentada, incluso casos en los que una misma factura habría sido abonada dos veces.
Vilches renunció el pasado 21 de septiembre a su cargo de secretario nacional de Discapacidad -al que fue designado tras la disolución de la ANDIS en enero de 2026- en medio de una polémica con el Ejecutivo por nuevos recortes previstos para el área en el presupuesto de 2027.
El Gobierno de Javier Milei ha rechazado las sospechas de corrupción y atribuyó la difusión de los audios a maniobras políticas para perjudicar al oficialismo.
Tras la difusión de los audios, el Ejecutivo separó a Spagnuolo de su cargo, intervino la Andis y ordenó una auditoría interna en el organismo. Más tarde la disolvió y trasladó sus funciones a la Secretaría Nacional de Discapacidad.