En el marco del Mes de la Diversidad, la comunidad reclamó de nuevo mantener viva la memoria de quienes fueron perseguidos, encarcelados, violentados y discriminados por su orientación sexual o identidad de género. "La persecución no fue solamente política: también fue moral, sexual y de género", denunció el colectivo.
El docente del departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Diego Sempol, quien ha investigado la represión policial ejercida sobre este colectivo, aseguró a EFE que aún falta "un reconocimiento público" y un pedido de disculpas por parte del Estado uruguayo para con toda la comunidad LGTBI.
Sempol señaló que durante ese período "una cantidad de formas de discriminación y de homofobia" se convirtieron en política de Estado, lo que se tradujo en "mecanismos de persecución policial" y en un "fortalecimiento de los controles" sobre funcionarios estatales.
Se destituyó a maestros por tener "sexualidades consideradas no acordes con lo esperado" y el régimen "detuvo a homosexuales o travestis", repasa el investigador.
La Ley Integral para Personas Trans del año 2018, una normativa inédita en Latinoamérica, estableció entre sus artículos una reparación económica para este grupo por ese motivo, que ha beneficiado a más de 200 personas trans víctimas de persecución durante la dictadura.
Los solicitantes deben acreditar que "fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad" por causas asociadas a su identidad de género, que sufrieron daño y fueron impedidas de "los derechos de libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos".
Josefina González, directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social, explicó a EFE que la ley pretende "reparar a aquellas personas travestis, trans, que en determinados períodos históricos, como la última dictadura cívico militar, pero también (en) los posteriores años de democracia, sufrió persecución específica, encarcelamiento, detención arbitraria, abuso, tortura, violencia, violación".
González defendió que es necesaria, aunque también reconoció que está destinada a una "franja muy pequeña" de la comunidad, ya que solo son reparadas quienes nacieron antes del 31 de diciembre de 1975.
La directora del Colectivo Trans del Uruguay, Ingrid Padilla, fue una de las 300 personas que iniciaron el trámite para acceder a esta compensación, pero su solicitud fue rechazada por una diferencia de cinco meses.
En diálogo con EFE, comentó que al colectivo llegan personas en busca de asesoramiento, pero estas encuentran dificultad en "volver a creer en un sistema" que las excluyó y lamentó que la ley no contemple a las "luchas que quedaron por fuera".
Quienes han accedido a esta compensación perciben en la actualidad un monto de 20.592 pesos uruguayos (unos 500 dólares).
Para Sempol, este es "un dispositivo que está funcionando bastante bien", en la medida en que ya dio respuesta a más de 200 personas.
No obstante, advirtió que quedan tareas pendientes por parte del Estado.
"Faltaría un reconocimiento público de estas violencias, un pedido de perdón, la toma de medidas para evitar la reiteración de este tipo de violencias (...) Creo que por ahora se ha logrado cierta reparación económica simbólica, pero no tanto un reconocimiento público y no tanto una reforma (para) que estemos más tranquilos de que esto no se va a volver a repetir", añadió.
Entre otros trabajos, Sempol dirigió junto a Alejandro Albertti el documental 'Memorias travestis', que encontró en los testimonios de un grupo de supervivientes la confirmación de "patrones de persecución estatal en forma estable en el tiempo".
Pese a la crudeza de los relatos, Sempol ve en la memoria "una herramienta muy potente de construcción de la identidad de acción política y de visibilización de formas de desigualdad" y defendió que trabajar con ella es una forma de contribuir en la construcción de una sociedad más justa.
Desde su rol en el ministerio, González dijo haber aceptado "el desafío y el compromiso político" de trabajar en "la construcción de la memoria", fundamental para "no olvidar lo que sucedió, pero sobre todo generar un registro, una voz y una cuestión que quede asentada para no volver a repetir esos procesos".