El caso se remonta a la expulsión forzosa, ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional en marzo del año pasado, de ciudadanos venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una macrocárcel creada por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas en el país centroamericano, pese a que el juez federal James Boasberg había ordenado suspender el operativo.
Después de que Boasberg concluyera en abril de 2025 que existían indicios razonables de que funcionarios de la Administración habían incumplido deliberadamente su orden y de que debía investigarse quiénes eran los responsables de ese posible desacato, el Departamento de Justicia apeló en diciembre la apertura de esas pesquisas.
Previamente, el Gobierno de Trump había sostenido que fue la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cesada en marzo de este año, quien desobedeció la orden judicial, tras recibir asesoramiento de un abogado del departamento que ella dirigía.
El letrado del Gobierno alegó este martes que Boasberg invadió competencias que corresponden al Departamento de Justicia. Según su argumento, si el juez consideraba que había indicios de un delito de desacato, debía remitir el asunto a ese departamento para que decidiera si procedía presentar cargos.
"Ese es el papel que corresponde a un fiscal, no a un juez: determinar si existen otras personas que puedan ser responsables (de desacato), así como identificar a los posibles objetivos y las pruebas", afirmó durante la vista el fiscal general adjunto, Brett Shumate.
Shumate sostuvo además que Boasberg ha adoptado "una postura antagónica" hacia el Gobierno.
Varios de los jueces del tribunal, que escucharon en pleno los argumentos de las partes, señalaron, sin embargo, que el Gobierno de Trump podría estar presentando a Noem como "chivo expiatorio" para, posteriormente, invocar en su favor el privilegio ejecutivo y evitar que prospere el caso.
Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a venezolanos deportados, pidió a la corte permitir que Boasberg continúe la investigación para determinar qué funcionarios decidieron incumplir la orden de detener los vuelos y si actuaron de forma deliberada.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, advirtió asimismo de que cerrar las pesquisas enviaría el mensaje de que el Ejecutivo puede desobedecer una orden judicial, llevar a cabo acciones como esas deportaciones —que calificó de "atroces"— y después impedir que se investigue lo ocurrido.